Las facturas tradicionales están a punto de cambiar por completo. El Gobierno de España hará que la facturación electrónica sea obligatoria para las empresas y los profesionales que operen en el país. Esta medida está enmarcada dentro de la Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas y emitirá sanciones a los que la incumplan.
De esta forma, ya no se podrán utilizar programas como Microsoft Excel o Microsoft Word para crear recibos, ya que quedarán obsoletos. También podría ser el fin de la factura en papel si el Estado decide apostar por un sistema completamente digitalizado.
El objetivo de la ley es avanzar en la transformación digital de las empresas y modernizar el proceso de facturación. Solo permitirá el uso de software certificado para emitir facturas electrónicas. Aquellos que no quieran optar por una plataforma privada, podrán utilizar una solución pública que será gestionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Además, todas las facturas emitidas deberán ser enviadas directamente a la AEAT para llevar un registro y control detallado. La medida busca agilizar las transacciones, reducir la morosidad y facilitar el control de los pagos. Sin embargo, la transición a este nuevo sistema requerirá que muchos negocios adapten sus sistemas internos.
Fases de implementación
La Ley de Creación y Crecimiento de Empresas entró en vigor el 19 de octubre de 2022, pero algunos de sus aspectos aún no han sido implementados. Se espera que su aprobación definitiva tenga lugar este mes de septiembre.
Una vez haya ocurrido, las empresas que facturen más de 8 millones de euros serán las primeras en adoptar el nuevo sistema y contarán con un plazo de un año desde su aprobación, en septiembre de 2025. Para las demás, el plazo será de dos años, es decir, la medida les afectará a partir de septiembre de 2026. En cuanto a los autónomos, tendrán un periodo de tres años para adaptarse, por lo que deberán cumplir con esta normativa en 2027.
Sanciones
El incumplimiento de la ley conllevará multas que variarán según la gravedad de la infracción. Por ejemplo, no presentar una factura electrónica correctamente podría implicar una multa de 150 €. En caso de factura fraudulenta, la sanción podría llegar al 75 % del importe total de la factura.
Asimismo, aquellas empresas que no hayan implementado la facturación electrónica dentro del plazo establecido podrán enfrentarse a multas de hasta 10.000 €.
De esta forma, España da un gran paso en la digitalización de su tejido empresarial. Puedes consultar el texto de la ley en el siguiente enlace.